Se conoce como La
masacre o
fusilamientos de Trelew al asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones armadas peronistas y de izquierda, presos en el penal de
Rawson, capturados tras un intento de fuga y ametrallados posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de corbeta
Luis Emilio Sosa. Los sucesos tuvieron lugar en la madrugada del
22 de agosto de
1972, en la
Base Aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la
Armada Argentina próxima a la ciudad de
Trelew,
provincia del Chubut, en la
Patagonia austral.
Evasión
El
15 de agosto a las 18:30 horas se inició un masivo intento de fuga de la cárcel de
Rawson,
ciudad capital de Chubut, provincia de la patagonia argentina, en el
cual lograron su propósito solamente 6 de los 110 reclusos miembros de
las organizaciones armadas irregulares
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP),
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y
Montoneros que pensaban escapar.
El planificador y jefe del operativo era
Mario Roberto Santucho, líder del
Partido Revolucionario de los Trabajadores, aunque algunos testimonios afirman que
Marcos Osatinsky (de las FAR) había comenzado a planificar la fuga aún antes de la llegada de Santucho al penal.
Estos dos dirigentes junto a
Fernando Vaca Narvaja,
Roberto Quieto,
Enrique Gorriarán Merlo y
Domingo Menna integraban el denominado
Comité de fuga, y fueron los únicos que pudieron huir rápidamente en un automóvil
Ford "Falcon" que los esperaba, y trasladarse al
aeropuerto de Trelew para abordar una aeronave comercial
BAC 1-11 de la empresa
Austral, previamente secuestrada por un comando guerrillero de apoyo, cuyos integrantes viajaban como pasajeros.
Los demás vehículos de transporte que debían esperar al resto de
fugados no se hicieron presentes en la puerta de la cárcel debido a una
confusa interpretación de las señales preestablecidas. Sin embargo, un
segundo grupo de 19 evadidos logró arribar por sus propios medios en
tres taxis al aeropuerto, pero llegaron tarde, justo en el momento en
que la aeronave despegaba rumbo al vecino país de
Chile, gobernado entonces por el socialista
Salvador Allende.
Recaptura
Al ver frustradas sus posibilidades, luego de ofrecer una
conferencia de prensa este contingente depuso sus armas sin oponer
resistencia ante los efectivos militares de la Armada que mantenían
rodeada la zona, solicitando y recibiendo públicas garantías para sus
vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales.
Una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis
Emilio Sosa, segundo jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, condujo a
los prisioneros recapturados dentro de una unidad de transporte
colectivo hacia dicha dependencia militar. Ante la oposición de éstos y
el pedido de ser trasladados de regreso nuevamente a la cárcel de
Rawson, el capitán Sosa adujo que el nuevo sitio de reclusión era
transitorio, pues dentro del penal continuaba el motín y no estaban
dadas las condiciones de seguridad.
Al arribar el contingente al nuevo destino de detención, el juez Alejandro Godoy, el director del diario
Jornada, el subdirector del diario
El Chubut, el director de LU17 Héctor "Pepe" Castro y el abogado
Mario Abel Amaya, quienes acompañaban como garantes a los detenidos, no pudieron ingresar con ellos y fueron obligados a retirarse.
El espectacular intento de fuga y el éxito parcial de los seis
máximos jefes guerrilleros, que más tarde lograron un salvoconducto
para huír desde Chile hacia
Cuba, tuvieron al gobierno militar de la autoproclamada
Revolución Argentina
y a la opinión pública en vilo durante tensos días. El sentimiento
generalizado era que se tomarían cruentas represalias a manera de
escarmiento contra los demás protagonistas de la fuga, en caso de no
lograrse la repatriación de los seis jefes guerrilleros evadidos.
Debido a esta percepción, en la mañana del
17 de agosto el
Partido Justicialista envió un telegrama al ministro del interior
Arturo Mor Roig (parte de la mesa directiva del Partido Radical) con el siguiente texto:
"Reclamamos
respeto derechos humanos presos políticos unidad carcelaria Rawson
responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de
represión".
Fusilamiento
Mientras el gobierno de
Alejandro Agustín Lanusse
intentaba presionar por todos los medios al presidente de Chile
Salvador Allende para que deportara a los fugados en calidad de
prisioneros, toda la zona de Rawson y Trelew era virtualmente ocupada
por fuerzas militares del ejército y gendarmería, quienes patrullaban
continuamente y hacían prácticamente imposible cualquier nuevo intento
de fuga. La propia Base Aeronaval de Trelew mantenía una numerosa
dotación de tres mil efectivos de la Armada. Regía en toda la zona un
estado de máxima alerta, todo lo cual hacía impensable reintentar otra
operación de evasión.
En un clima de absoluta hermeticidad y gran tensión, la noche del
21 de agosto
permanecían reunidos en la Casa de Gobierno los miembros de la Junta de
Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, colaboradores y
ministros. No se brindó ninguna información a los periodistas que
aguardaban noticias.
Esa misma noche, a las 03:30 horas del 22 de agosto, en la Base
Naval Almirante Zar, los 19 detenidos fueron sorpresivamente
despertados y sacados de sus celdas. Según testimonios de los tres
únicos reclusos sobrevivientes, mientras estaban formados y obligados a
mirar hacia el piso fueron ametrallados indefensos por una patrulla a
cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto
Bravo, falleciendo la mayoría en el acto, y algunos heridos fueron
rematados en el piso.
La versión oficial del suceso indicaba que se había producido un
nuevo intento de fuga, con 16 muertos y tres heridos entre los
prisioneros, pero sin bajas en las filas de la Marina.
La misma noche del 22 el gobierno sancionó la ley 19.797 que
prohibía toda difusión de informaciones sobre organizaciones
guerrilleras. En los días sucesivos, hubo manifestaciones en las
principales ciudades de la Argentina, y numerosas bombas fueron
colocadas en dependencias oficiales como protesta por la matanza.
Los fallecidos fueron:
- Alejandro Ulla (PRT-ERP)
- Alfredo Khon (FAR)
- Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP)
- Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP)
- Carlos Astudillo (FAR)
- Clarisa Lea Place (PRT-ERP)
- Eduardo Capello (PRT-ERP)
- Humberto Suárez (PRT-ERP)
- Humberto Toschi (PRT-ERP)
- José Ricardo Mena (PRT-ERP)
- María Angélica Sabelli (Montoneros)
- Mariano Pujadas (Montoneros)
- Mario Emilio Delfino (PRT-ERP)
- Miguel Ángel Polti (PRT-ERP)
- Pedro Bonet (PRT-ERP)
- Susana Lesgart (Montoneros)
Heridos que lograron sobrevivir:
- Alberto Miguel Camps (FAR - Desaparecido luego en 1977)
- María Antonia Berger (FAR - Desaparecida en 1979)
- Ricardo René Haidar (Montoneros - Desaparecido en 1982)
El parco comunicado oficial del gobierno al respecto fue brindado a la prensa por el contralmirante
Hermes Quijada,
jefe del Estado Mayor conjunto, quien a los pocos meses, el 30 de abril
de 1973 fue acribillado a balazos en el céntrico barrio del Congreso
(ciudad de Buenos Aires) por
Víctor José Fernández Palmeiro del ERP (alias "el gallego") desde una motocicleta, quien a su vez cayó muerto por los disparos del chofer del militar.
En líneas generales, la explicación del gobierno mencionaba que al
realizar el jefe de turno (capitán Luis Sosa) una recorrida de control
en el alojamiento de los presos, mientras éstos se encontraban en un
pasillo, fue atacado por la espalda por Mariano Pujadas, quien habría
logrado sustraerle su pistola ametralladora. Escudándose en el oficial
los presos intentaron evadirse, pero el marino logró liberarse y fue
atacado a tiros, resultando herido. En tal circunstancia -y siempre
según los dichos del almirante- la guardia contestó el fuego contra los
reclusos y se inicia así un intenso tiroteo, con los resultados
conocidos: de los 19 reclusos, 16 fueron muertos y 3 heridos graves.
Las obvias preguntas al respecto que realizaron los periodistas ante
esta inverosímil declaración no fueron respondidas. Inclusive cuando se
le preguntó si el capitán Sosa estaba realmente herido, el almirante
Quijada respondió:
"No puedo contestar. Es secreto de sumario".
Responsabilidades y consecuencias
Las versiones más documentadas de los confusos episodios que
derivaron en esta tragedia coinciden en que la decisión de ejecutar a
los prisioneros fue tomada por las autoridades de la Armada, sin el
consentimiento expreso del gobierno del presidente Lanusse, quien luego
no tuvo más alternativa que asumir la responsabilidad por los hechos.
Fue muy elocuente en tal sentido el discurso pronunciado el 5 de
septiembre de 1972, a pocos días de la masacre, por el entonces capitán
de navío
Horacio Mayorga en la misma
Base Aeronaval Almirante Zar donde ocurrieron los hechos, y frente a todo el personal de esa dependencia:
“No
es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas discusiones
que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho bien hecho
está. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque
no hay culpa. La muerte está en el plan de Dios no para castigo sino
para la reflexión de muchos”
Por parte de las organizaciones guerrilleras, existió desde el
primer momento el convencimiento de que la matanza fue un hecho
planificado y decidido por los máximos exponentes del gobierno, es
decir, la Junta Militar. La consigna que inmediatamente adoptaron las
fuerzas insurgentes luego de conocido el fusilamiento fue:
La sangre derramada no será negociada.
En tal sentido, durante los meses siguientes se produjeron gran
cantidad de hechos de violencia en venganza por los caídos de Trelew.
Años más tarde, en una versión alternativa comentada por el brigadier
Juan Carlos Rey (integrante de la mencionada Junta) al historiador
Robert Potash, el entonces comandante en jefe de la
Fuerza Aérea asegura que el lamentable suceso fue
"...un atroz accidente motivado por la tensión, el miedo y el exceso de celo en la seguridad".
En tanto en su libro
"Mi testimonio", el Gral. Lanusse ratificó la versión oficial original, haciendo mención a que el 16 de agosto le había ordenado al general
Eduardo Ignacio Betti, comandante de la IX Brigada, que los detenidos fueran trasladados de la base aeronaval a la cárcel de Rawson,
"por no tener la base de Trelew instalaciones adecuadas ni personal capacitado para su vigilancia". Según el propio Lanusse, tal orden no fue cumplida, aseverando de una manera pretendidamente auto exculpatoria que
"los trágicos hechos del 22 de agosto ponían en evidencia que mis temores habían sido lamentablemente acertados".
Con la máxima tensión que implicaron estos sucesos, resulta notable que
pasaran varios días desde aquella orden hasta que finalmente ocurrió la
tragedia, sin que el presidente tomara conocimiento que los detenidos
aún permanecían en la base.
La cadena de mandos y los principales actores involucrados con mayor responsabilidad en la masacre fueron los siguientes:
- General Alejandro Agustín Lanusse - Presidente de facto y comandante en jefe del Ejército
- Almirante Guido Natal Coda - Comandante en jefe de la Armada
- Brigadier Juan Carlos Rey - Comandante en jefe de la Fuerza Aérea
- Contralmirante Hermes Quijada - Jefe del Estado Mayor Conjunto (asesinado luego en venganza)
- General Eduardo Ignacio Betti - Jefe del operativo militar en la zona de emergencia
- Capitán de navío Horacio Mayorga - Jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar
- Capitán de fragata Luis Emilio Sosa - A cargo de la Base Aeronaval al momento de la tragedia
- Teniente de corbeta Roberto Guillermo Bravo - Oficial superior, presente durante los hechos
- Arturo Mor Roig - Ministro del Interior (asesinado en 1974 por Montoneros)
- Jorge V. Quiroga - Juez de la Cámara Especial (asesinado luego en venganza)
No obstante todas las contradicciones y las diferentes versiones de
los sucesos, la matanza de Trelew es considerada por estudiosos de la
historia argentina de la época, como el hecho inaugural del
terrorismo de estado como metodología sistemática para luchar contra las organizaciones políticas armadas, sin las limitaciones que impone la ley.
